Informe Nexos Chile-USA: Visión de Científicos en Norteamérica respecto a la situación actual de la Ciencia en Chile

Informe Nexos Chile-USA: Visión de Científicos en Norteamérica respecto a la situación actual de la Ciencia en Chile

Estimad@s, compartimos con ustedes un documento que Nexos Chile-USA, en conjunto con RedIcec y ChileUCD, ha elaborado con el fin de dar a conocer sus propuestas sobre el desarrollo e implementación de políticas públicas en Chile en relación a materias cientificas; la formación, atracción e inserción de investigadores; la participación de mujeres en ciencia y tecnología; entre otras inquietudes.

Para ver el informe pincha aquí.

Además, la publicación de este documento fue destacada en una nota en La Tercera, la que puedes acceder haciendo click aquí.

Qué opinas del informe, sus propuestas y conclusiones? Qué podrías aportar?

¿Politización de Fondecyt? Un poco de seriedad por favor

¿Politización de Fondecyt? Un poco de seriedad por favor

Para la credibilidad de todos nosotros como comunidad científica, un “estudio” con fundamentos tan débiles nos hace un flaco favor. Quizás daba para una columna o un ensayo, formatos en los cuales Mayol –desconozco los trabajos anteriores de Araya– ha destacado en el pasado por su capacidad de poner temas sobre la mesa, en su peculiar estilo. La política científica merece mayor seriedad y rigurosidad analítica.

Autor: 

Fecha:  18 marzo 2016

Al encontrarme con el documento de Mayol y Araya “¿Tienen los concursos Fondecyt un trasfondo político?” en la portada de El Mostrador, primero me alegré. “Qué bueno que la discusión científica pueda ser portada de un diario electrónico”, pensé ingenuamente. Ojalá muchos lectores puedan interiorizarse de las problemáticas que afectan a este sector fundamental para el desarrollo del país. Sin embargo, al leer el artículo, y luego la presentación más detallada, el entusiasmo inicial dejó lugar a una profunda preocupación, como académico en general, y docente en cursos de métodos de investigación en particular. En efecto, si bien el trabajo plantea una pregunta pertinente, llega a conclusiones equivocadas e irrelevantes, esto por culpa de un planteamiento metodológico profundamente deficiente. Veamos por qué y sus implicancias. Por lo tanto, mi propósito aquí es doble:

  • Indicar las principales falencias del trabajo, para evitar que se constituya en una referencia para los estudiantes y el público en general. 

  • Señalar algunas pistas para hacerse cargo de la alarmante situación de las ciencias y los científicos en el país, en particular en el ámbito de las ciencias sociales. 

Partamos por reconocer la gran pertinencia de la pregunta de investigación. Como bien lo saben los autores del estudio, las condiciones materiales de la producción de la ciencia importan. Por esto es válido examinar los criterios de atribución de los concursos que impulsan buena parte de la investigación realizada en el país. Por la trascendencia económica y simbólica de los concursos Fondecyt, parece una buena idea focalizarse en ellos. 

Cada año, junto con los otros concursos de Fondecyt (postdoctorado, Iniciación), los Fondecyt Regular financian la actividad investigativa de centenares de académicos en Chile. Además, funcionan como una validación de los investigadores por las comunidades a la cuales adscriben, tanto en su universidad y facultad como en su disciplina en general. Esto tiene aspectos positivos para quienes tienen la suerte de adjudicarse un fondo, y negativos para quienes no, con excesos por cada lado. 

El año pasado tuve la suerte de adjudicarme un Fondecyt de Iniciación, lo que me valió más felicitaciones por parte de los colegas que cuando defendí la tesis doctoral. Todo concurso genera estos efectos de distinción, los cuales creo deben tomarse con cierta distancia y humildad. Por el otro lado, quedar sin Fondecyt puede tener implicancias dramáticas, tanto personales –baja en la autoestima– como institucionales –dejar de ser reconocido como investigador por sus pares–. También creo que es exagerado. Los concursos, por cierto, apuntan a la meritocracia, pero no dejan de tener elementos circunstanciales. 

De todas formas, estas situaciones, relatadas a partir de la experiencia personal pero fácilmente generalizables, dejan clara la relevancia de explorar la posibilidad de que impere un criterio político en la atribución de los Fondecyt. Con la pregunta, más allá de discusiones posibles sobre el detalle de su formulación, todo bien entonces.

El asunto se complica desde el momento en que los autores presentan su diseño de investigación, señalando lo que sería –según ellos– la “presunción de inocencia” y las “hipótesis de la sospecha”. En este punto yerran fundamentalmente, al seleccionar la unidad de análisis equivocada y, a partir de esto, levantar hipótesis incorrectas.

Primero entonces, en materia de unidad de análisis, se focalizan en las universidades, y desconocen el proceso real mediante el cual se adjudican estos fondos. Los tratan como si fueran fondos atribuidos a las instituciones, cuando en realidad se atribuyen a individuos, que participan en algunos comités específicos por disciplina. En consecuencia, las hipótesis que levantan son falaces. 

En las ciencias sociales se ha desarrollado en los últimos años una importante corriente de trabajo en torno a los “mecanismos causales”, que presta particular atención a los procesos mediante los cuales una causa produce su efecto. ¿Cómo sería en este caso? ¿El gobierno les daría instrucciones a los integrantes de los comités de Conicyt para que favorezcan a ciertas universidades? Esto sería una hipótesis sin ningún asidero, y casi insultante para los académicos que participan en distintos niveles de este proceso. 

No es sorprendente que, después de este error inicial, la relación que ellos establecen entre “años políticamente claves” y variación en los fondos carezca de fundamentos para ser considerada algo más que una coincidencia. Por lo tanto, los autores se equivocan en la relación que establecen y, de paso, al no considerar hipótesis alternativas, pierden la oportunidad de sacar interpretaciones más relevantes de sus datos. 

Sí, existen tendencias preocupantes en la investigación en Chile, como el hecho de que las tasas de aprobación de los concursos Fondecyt vayan bajando dramáticamente. ¿Será porque los investigadores son malos? ¿O porque hay un complot de parte de las instituciones privadas? No, simplemente ocurre que hay cada vez más concursantes, escenario particularmente preocupante ahora que vamos hacia restricciones presupuestarias. En vez de elucubrar en torno a una relación entre la política electoral y los resultados de Conicyt, sería mejor que se focalizaran en las políticas públicas que se están implementando. Pero esto requiere un trabajo más arduo y no rinde frutos inmediatos como portadas de diario. 

Para concluir sobre la metodología del “estudio”, lo que mayor incomodidad genera es el vocabulario tomado prestado de la epistemología de Karl Popper para construir su argumentación. Al hablar de hipótesis y su falsación, entregan un velo de cientificidad a una reflexión que carece de sus fundamentos básicos, como la búsqueda de una explicación parsimoniosa o, al menos, verosímil. Esto es más lamentable aún en la medida que los datos presentados sí podrían ser interesantes, al igual que sus conclusiones, que pueden ser objeto de discusiones muy relevantes. Tienen un conjunto de datos que muestran cierta evolución –tampoco tan fuerte sobre la base de lo que muestran–. En efecto, hay universidades, de todo tipo, que han incentivado la investigación de sus académicos, por distintos medios. Es un tema que merece atención. 

Puede ser que conlleve con él ciertos sesgos, al igual que la focalización en los artículos indexados ISI. Sin embargo, calificar este proceso como una “derechización” de las universidades es desconocer el trabajo de académicos que se esfuerzan por cumplir con estándares elevados en su quehacer profesional. La reorientación hacia los ISI significa también una profesionalización de la actividad de investigación, para salir de la opinología y los comentarios impresionistas. Sin duda, plantea desafíos para las humanidades. También, sin duda, puede ser discutible como criterio único de evaluación. Sin embargo, reducirla a una “derechización” es un reduccionismo que raya en el simplismo. 

La ciencia en Chile tiene muchos problemas que quienes la hacemos tenemos que enfrentar, en particular en las ciencias sociales. Hay equilibrios por buscar entre, por un lado, la apertura y horizontalidad que permite la modalidad del concurso y, por el otro, lo que serían los beneficios de una mayor programación en torno a objetivos estratégicos. Sobre todo, falta mayor financiamiento, en particular para darles el lugar que merecen a quienes han desarrollado un importante trabajo en programas de doctorado nacionales e internacionales en los últimos años, y no encuentran actualmente condiciones laborales dignas en las universidades chilenas. 

En este sentido, para la credibilidad de todos nosotros como comunidad científica, un “estudio” con fundamentos tan débiles nos hace un flaco favor. Quizás daba para una columna o un ensayo, formatos en los cuales Mayol –desconozco los trabajos anteriores de Araya– ha destacado en el pasado por su capacidad de poner temas sobre la mesa, en su peculiar estilo. La política científica merece mayor seriedad y rigurosidad analítica.

Fuente: El Mostrador

 

¿Tienen los concursos de Fondecyt un trasfondo político?

Autor: Alberto Mayol

Fecha: 14 de Marzo 2016

El informe sistematiza datos de adjudicaciones del Concurso de Fondecyt Regular en torno a la pregunta de la posible injerencia de factores políticos en las instituciones preferentes en los resultados del concurso.

Se demuestra que los resultados del concurso Fondecyt no son neutros respecto a las condiciones políticas del país, estableciendo un sensible diagnóstico respecto a los criterios de ‘objetividad’ del concurso.

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Fuente: albertomayol.cl

FONDECYT: EL FETICHISMO DE LA COBARDÍA

FONDECYT: EL FETICHISMO DE LA COBARDÍA

Fondecyt: el fetichismo de la cobardía

 

Autor: Alberto Mayol

Fecha: 22 de marzo de 2016

He publicado en este medio, junto a Javiera Araya, un informe público sobre la hipótesis de la influencia de variables políticas en los resultados de adjudicación de Fondecyt regular. Ha recibido varias críticas públicas, que son correctamente sintetizadas por una columna de Maillet. Son dos acusaciones sencillas las que se nos señalan (me refiero a que son dos acusaciones las que se pueden señalar como científicas):

  1. Se nos acusa de insuficiencia de los resultados, dado el carácter primario del diseño metodológico: ¿nuestra respuesta? Es cierto.
  2. Se nos acusa de proveer una hipótesis absurda, esto es, la posible influencia de los ciclos políticos en la adjudicación de concursos tomando como unidad de análisis las instituciones universitarias: ¿nuestra respuesta? Es cierto.

¿Deriva de lo anterior algo importante? Es decir, ante la certeza de ambas acusaciones, ¿es posible desconocer la existencia de un fenómeno? ¿Y es posible sostener la ausencia de una conducta científica sobre el objeto? Ciertamente no. Lo que demostraré brevemente, al principio, es que el reporte es científico y que posee un fenómeno que debe ser explorado en detalle. Luego argumentaré por qué veo fetichismo y cobardía, que está en el título de la columna.

Frente a este este escenario, de airadas reacciones contra el informe, solo puedo decir que hay una (y solo una) reacción científicamente fundamentada: asumir que la hipótesis construida, sobre un posible vínculo entre procesos políticos y el cambio en la probabilidad de adjudicarse un Fondecyt por parte de la institución albergante, tiene datos que permiten mantener la hipótesis para siguientes etapas de investigación. La hipótesis nula subyacente claramente no ha sido confirmada, que es lo mismo que decir que se puede seguir investigando.

¿La hipótesis es absurda? Lo es. Pero no es mía, es la conversión en H1 de un argumento que he escuchado desde hace años, emitido por rectores, decanos, directores, académicos en general, investigadores y hasta estudiantes: han dicho que operan criterios políticos en Fondecyt. La mayor parte de las veces es esgrimida en tiempos de derrota, debo decir, lo que me generó por años mucha sospecha. Pues bien, resulta que por primera vez hay unos datos mínimamente procesados para decir algo al respecto. Pero hay incomodidad, silencio y alguna respuesta ácida desde la crítica. Lo que no hay es la conducta del investigador que, si le interesa el tema, intenta entrar en él.

A continuación describo lo que podría ser la reacción científicamente pura frente a los datos vistos en nuestro informe. Si me equivoco respecto a esto, pido que me corrijan.

Una reacción normal frente a este informe debiese ser: 1) valorar el paso desde ladoxa a la episteme, esto es, de haber transformado conversaciones donde se postula una tesis sin pruebas, a un examen de datos; 2) considerar que los resultados son llamativos y revelan que, en principio, habría una influencia política en las adjudicaciones a nivel de instituciones; 3) señalar la necesidad de proveer más datos para examinar las distintas dimensiones del fenómeno y apreciar si hay alguna explicación razonable para el comportamiento anómalo de los datos vistos (es decir, si hay una variable interviniente que explique lo que se aprecia en los datos y que termine por desmentir que haya realmente criterio político); 4) eventualmente (si tiene tiempo, ganas y está dispuesto a mover un dedo sin financiamiento Fondecyt) realizar el trabajo de recopilar y construir nuevos datos, diseñar nuevos procesos, ampliar la hipótesis hacia nuevas direcciones sobre la no neutralidad de los fallos en la adjudicación de fondos científicos; para luego 5) generar un paper e informar además a sus colegas de los resultados a tiempo.

En resumen, ¿los resultados son insuficientes? Pues bien, señor(a) científico(a), si le parece importante el tema (una posible politización en las adjudicaciones), haga algo mejor que criticar la noticia de un diario y sistematice nuevos datos. Y claro, si “la hipótesis es absurda”, haga algo simple: vea si los resultados se comportan como la hipótesis absurda predice, en cuyo caso puede usted calificar los resultados de sorprendentes y proceda entonces (llegamos a lo mismo) a evaluar científicamente los datos. Si un resultado empírico (esto es, de primera clase) no calza con los conceptos que usted porta, evalúe si los datos no son buenos o cambie de concepto. Pero no niegue los datos porque ‘no le hacen sentido’. La lógica y la empiria nunca han tenido una relación tan sencilla. Es cosa de ver la historia de la filosofía del conocimiento (es la discusión entre racionalismo y empirismo).

El conjunto de reacciones que han emergido (y alguna variante más liviana) es la única ruta científicamente razonable para abordar lo publicado por mí y Javiera Araya. La reacción, en cambio, ha sido la denostación pública y el elogio privado (muy parecido a la estrategia del polizón en la teoría de la acción colectiva, habrá que decir, aunque no me gusta del todo ese marco teórico).

Hay personas que se han pronunciado públicamente que, incluso, confiesan en privado no querer tener problemas con la institucionalidad. ¡Y mientras se comportan asumiendo el carácter cierto de la hipótesis, la niegan con su boca! ¿La razón? Simple, esos investigadores quieren evitar consecuencias específicas (una reacción parcial desde Fondecyt), aunque son ellos mismos los que dicen que esa consecuencia no podría acontecer realmente porque el proceso es neutro.

El mejor ejemplo es el de Maillet, la crítica con mayor profundidad hecha hasta ahora. Su columna, cuyo título demanda “un poco de seriedad por favor”, señala dos cosas: que la pregunta de investigación es adecuada y que la hipótesis es absurda porque opera sobre instituciones a pesar de que el proyecto se adjudica por personas. Pues bien, Maillet transforma en un error de la investigación un problema del objeto: no se puede reconstruir con los datos existentes la perspectiva política de los investigadores, no hay bases de datos que permitan operar de un modo distinto a las instituciones. Es como si el físico dijese: dado que no tenemos reportes de datos empíricos a cierta distancia en el universo, no debemos construir ninguna hipótesis al respecto. Adiós teoría del Big Bang.

Ante ello, el científico Maillet prefiere que el investigador guarde silencio y se retire a sus aposentos ante la imposibilidad de avanzar frente al objeto estudiado. Maillet no se conforma con la invitación indirecta al silencio y avanza hacia él con decisión: argumenta que, considerando cómo funciona el proceso de Fondecyt, la hipótesis es absurda. Coincido con ello. La hipótesis con la que trabajamos (politización de Fondecyt) se nos planteó por terceros y nuestra posición fue “no va a salir nada en los resultados” y “es imposible investigarlo con los datos existentes, precisamente porque son institucionales”. Pero en vez de quedarnos sentados tomando un café, decidimos igual construir un pequeño método (la construcción de clivajes institucionales con sentido político) y aplicarlo a la base de datos. Salió algo interesante.

Según Maillet, Javiera y yo debiésemos haber enterrado los datos porque estábamos desconociendo el mecanismo como funciona Fondecyt. Para la risa: la sospecha de los científicos es que Fondecyt pueda estar funcionando en un lugar distinto (la política) a su mecanismo (el criterio científico). Pero Maillet lee el proceso formal de Fondecyt y, con el espíritu de sospecha atrofiado, pasa de investigador a burócrata y argumenta: Fondecyt no funciona así.

Habrá que informarle que nuestro argumento no es la microfísica sobre cómo opera la institucionalidad. Nuestro argumento es que, sea como sea que opera, hay unos resultados preocupantes que favorecen la posibilidad de una influencia de la política externa nacional en el reparto de adjudicaciones a Fondecyt regular, una especie de ley de cuotas en la operación. Como si ningún investigador haya pensado o dicho algo nunca en referencia a posibles cuotas.

No es mi interés en esta columna defenderme. Solo invitar a algunos de mis colegas investigadores a que salgan del fetichismo y de la cobardía. Y es que las respuestas que he recibido no hablan bien al respecto. He visto en cientos de ocasiones informes estadísticos donde se usan técnicas multivariadas innecesarias, solo para lucir algo más de calidad. Pero ese fetichismo es premiado, no castigado. Hacer algo inútil, pero que pinta bien, es publicidad, no investigación. Pero la premiamos. Es el fetichismo del uso cuantitativo hasta el hartazgo.

¿El procesamiento es insuficiente? Pues bien, entonces el investigador interesado me puede pedir la base de datos o se construye la suya y aporta con algo (de la base solo me llegó una petición). Eso es científico. ¿Es científico decir que la existencia de regularidades en el movimiento de los datos de Fondecyt solo puede ser considerado una coincidencia porque no responde a la lógica del proceso de selección? Es decir, para Maillet si una hipótesis es absurda, con un procesamiento de datos absurdo, pero que muestra resultados con regularidades que se sostienen inductivamente, entonces se debe desechar la investigación a pesar de que haya evidencia en favor de la hipótesis absurda (no entraré en detalles, pero le sugerimos leer a Kuhn y Lakatos).

Ese es el argumento de Maillet. Es un argumento de burócrata: si la ley dice que es igual para todos, pero a los pobres se les condena en tribunales más que a los ricos, es una simple coincidencia. No puede ser cierto porque la ley ya dice que es igual para todos. Vaya cosa. Este argumento no lo validaría, no digo Popper, digo Hume (para explicitar el punto, digo que ese argumento no supera el siglo XVIII).

Entonces, cuando se dice que se requieren mejores datos, tienen razón. Y estamos en eso. ¿Por qué lo dimos a conocer antes? Simple. Hace poco hubo una polémica científica sobre una investigación sobre muerte de ballenas en el sur. Gran parte de la polémica es que hubo actitudes investigativas como no dar a conocer el problema a las autoridades y a la prensa porque querían esperar (quienes hicieron el estudio) que estuviese publicado en una revista importante, evitando así la interferencia de otros investigadores. Eligieron la ciencia en contra de la sociedad.

Pues bien, nosotros nos demoraremos cinco o seis meses en tener esta investigación terminada y eso depende de nuestra capacidad para proveernos de los recursos necesarios (no tiene financiamiento). Pero ni bien empezamos, ya apareció algo importante. Y justo en las mismas semanas, había una serie de protestas a Conicyt. De hecho, esta entidad recién ayer tuvo una nueva máxima autoridad. Más aún, en 4 años ha habido cambio 4 veces en su cargo principal. Y algunos de ellos, al salir, señalaron su frustración por la influencia política sobre el órgano. Pero bueno, supuestamente la actitud científica debiese ser “debemos informar a esas autoridades que es imposible que hayan vivido problemas con la política, porque la institucionalidad garantiza la total autonomía de Conicyt”.

Decidimos hacer público el primer examen de la cuestión justamente por lo anterior. Nos parece valioso, pertinente y preferimos tener la valentía de enfrentar la denostación (pero aportar a mejorar los procesos de evaluación científica), en vez de quedarnos parapetados con nuestros datos hasta que la publicación académica diga que tenemos derecho a hablar. Somos ciudadanos antes que investigadores. ¿Es un pecado? Que yo sepa, al bueno de Moisés nada le dijeron al respecto.

He hablado de cobardía. La hipótesis de la existencia de algún criterio político interviniendo en Fondecyt no es mía ni de Javiera Araya. Durante años la he escuchado de muchos investigadores. Incluso en la polémica de 2015 sobre Fondecyt no firmé ninguna carta y no escribí nada porque me parecía inadecuado hacerlo sin tener una visión fundamentada sobre el asunto y porque me suele molestar el tono de ‘quiero dinero’ que exuda a ratos nuestra comunidad científica. Este año me comentaron que pasaba algo grave al respecto y me invitaron a una reunión.

Decidí que, si iba a asistir a la reunión, tenía que ver si podía sistematizar algunos datos, al menos. Y decidí abrir la ruta investigativa hasta donde fuera necesario, ocupando valioso tiempo de investigación en mi centro. En resumen, tras años de la hipótesis del peso de la política en Fondecyt, enunciada en pasillos, cenas, oficinas, ningún investigador había dado un solo paso en la dirección de falsar o confirmar la hipótesis. Junto a Javiera Araya decidimos avanzar en esa línea. ¿La reacción de los científicos en público? Negar los resultados y declarar ‘no científica’ nuestra conducta. ¿La reacción de los científicos en privado? Muchos correos felicitándonos, elogios en las reuniones, planteando la gravedad de lo sucedido y señalando la necesidad de una acción científica conjunta. He ahí otro fenómeno, cuyo nombre es sencillo y está en el título de esta columna. Yo seguiré creyendo que decir hipótesis conspirativas en un café es menos científico que cruzar una base de datos sencilla.

Por supuesto, estamos trabajando en realizar algo más que hacer unos cruces que son poca cosa, pero será lento. La base de datos de Fondecyt habla muy mal de nuestro interés científico como país: aceptamos no conocer públicamente los proyectos aprobados, aceptamos que se nos entregue un puntaje en fecha X para luego entregarnos la fundamentación de ello en fecha X+60 (en circunstancias que ese informe detallado debió fundamentar el resultado entregado en X) y el repositorio es extraordinariamente discreto, para decirlo de modo elegante. No hay información esencial en Fondecyt para hacer un trabajo más serio. Hemos pedido por ley de transparencia información, que de seguro llegará pronto.

En la conducta contra el informe hay fetichismo, porque se exige un despliegue de técnicas más espectacular. Es evidente que los simples cruces son poca cosa. Pero si la poca cosa dice algo importante, pues bien, la conducta es decir “queremos más investigación” y no “quédate callado”.

Entonces no es solo fetichismo. Además hay cobardía (pensando bien en la especie humana, pues en caso contrario podría ser complicidad). Y hay cobardía, porque la actitud derivada de la crítica de Maillet es simplemente cerrar el ciclo investigativo hasta que ‘alguien’ abstracto entregue datos más sustantivos, en vez de apoyar con el hecho de haber dado el primer paso en verificar o falsar la hipótesis. Y hay cobardía porque la columna termina en la crítica ‘ad hóminem’: si Mayol es un ensayista, que escriba ensayos y se retire de la investigación. ¿Qué tiene que ver ese argumento, justo al final, con la cuestión a tratar? ¿Se puede apelar a la ciencia mientras se ataca a un emisor de un mensaje por ser tal (o incluso un tal por cual)?

No solo es absurdo, sino idiota en el sentido estricto del término (digo, la conducta es absurda e idiota, no la persona que la emite). Habría que buscar un repertorio conceptual que explique la conducta de Maillet. Pero me cuesta. Solo viene a mi cabeza la aseveración freudiana respecto a que toda impertinencia, todo acto fuera de contexto, es simplemente deseo.

Lo cierto es que no me retiraré de la investigación ni creo que el género ‘ensayo’ para dar a conocer investigaciones sea inadecuado (por ejemplo de Marcel Mauss si así fuera). E incluso agrego que, salvando los razonables problemas de agenda de cualquier persona, cualquier investigador está cordialmente invitado a nuestro centro (CISEC) para hablar sobre cualquiera de los proyectos en que estamos trabajando. E incluso compartiremos con cualquiera que lo desee todas las bases de datos, entrevistas y materiales de nuestras investigaciones. Si tan solo nuestros investigadores que trabajan con fondos públicos cumplieran eso y estuvieran en la página de Fondecyt, la comunidad científica sería mucho más fuerte.

 

Fuente: El Mostrador

Conicyt: el triunfo de los “inhabilitados”

Conicyt: el triunfo de los “inhabilitados”

Autora: Naomi Orellana

El miércoles 27 de enero fue aprobada sin votos en contra la Ley de Presupuesto enviada por Conicyt al Parlamento, la cual, mediante la modificación del decreto de becas, liberaría a los jóvenes investigadores afectados por la severa sanción que podría haber puesto fin a sus carreras académicas.

Más de dos años han transcurrido desde que se comenzó a destapar el escándalo del cobro desproporcionado de reposición de dineros de Becas Chile a investigadores de postgrado de diferentes programas, provenientes principalmente de la Universidad de Chile, Universidad Católica y Universidad de Concepción. La medida, que comenzó a operar con rigor a principios del 2013, ha sido la arista más visible de una crisis que vive no solo Conicyt sino también la academia en su rol más político.

A fines del 2013, los “Inhabilitados por Conicyt”, una agrupación informal y coyuntural a este problema, contribuyó a visibilizar la crisis en redes sociales y la prensa. Sin embargo, la alianza con otras organizaciones como la ANIP (Asociación Nacional de Investigadores en Postgrado), y luego, en el 2014 y 2015, la emergencia de delegaciones de postgrado desde las organizaciones de estudiantes, primero en la FECH y luego en la FEUC, fue clave para sumar fuerzas e incidir activamente en el cambio de rumbo de la historia.

La academia chilena, principalmente las humanidades, se encuentran en un estado de precariedad ramificada. Y existe en sus académicos y autoridades la conciencia de la fragilidad política de su institución y de la escasa participación que tienen los cerebros mejor formados del país en las políticas que determinan incluso su propia producción. Si bien los desencuentros entre Conicyt y sus beneficiarios no son nuevos, la gravedad del problema de las inhabilitaciones y el cobro de becas –de hasta 80 millones de pesos, a gente que había terminado su grado, solo que fuera de plazos– obligó a los intelectuales a movilizarse.

El Programa de Formación de Capital Humano Avanzado

El Programa de formación de Capital Humano Avanzado, creado en 1998, se establece como “agencia gubernamental dedicada a la administración de becas de posgrado”, con el objetivo de “contribuir al incremento del número de investigadores y profesionales de excelencia con alta preparación en todas las áreas del conocimiento para el desarrollo de Chile”. El siguiente gráfico evidencia el impacto del Programa en la formación de nuevos Doctores desde que se implementó y, sobre todo, desde el 2008, año en que se crean los primeros decretos formales para las Becas Conicyt.

Si bien el Programa demuestra que se están formando muchos más profesionales especializados e investigadores, poco a poco fueron quedando en evidencia las falencias de un plan que no consideró aspectos fundamentales para sostener la política que estaba implementando. Problemas administrativos, como el retraso en la entrega de dineros a becarios en el extranjero en año 2008, o más de fondo, la incertidumbre ante el retorno y la inserción del capital humano avanzado, se fueron suscitando y mientras aparecían, Conicyt tomaba medidas. Es así como el 2009 se implementa el PAI (Programa de Atracción e Inserción de Capital Humano Avanzado), y el 2011, desde este programa, se abre una convocatoria al concurso de inserción de investigadores en la academia. Las medidas no fueron suficientes.

Año 2013, estalla la crisis

Durante el Gobierno de Sebastián Piñera, los organismos encargados de resguardar las arcas fiscales, Dipres y  Contraloría, comenzaron a ver con desconfianza este “gasto”, que no presentaba un horizonte claro de “retorno” de esa inversión estatal. Fue entonces que se le exigió a Conicyt tomar medidas urgentes y radicales. José Miguel Aguilar, presidente de la institución en ese entonces, decidió aplicar sin miramientos los decretos formales redactados y que hasta el momento habían sido letra muerta. La cláusula que establecía la devolución de la beca e inhabilitación, por incluso un día de atraso en la entrega del grado, fue aplicada con todo el rigor.

Poco después, José Miguel Aguilar renuncia a la institución y asume Mateo Budinich como presidente subrogante. Budinich continúa con la relación de hermetismo e indiferencia con la comunidad académica y extrema las medidas. Se licita, en su administración, la contratación de una empresa de cobranza para perseguir a los deudores. Se la adjudicó ORSAN, por su experiencia con grandes empresas como Chilectra, Movistar, Claro, Ripley y Cencosud.

2014, cambio de Gobierno, Mateo Budinich deja el cargo y la institución queda sin presidente. Asume como presidenta subrogante María Elena Boisier, quien junto a Denise Saint Jane, directora del Programa de Capital Humano Avanzado, son las únicas que mantienen algún tipo de comunicación con los afectados. Pese a esto, durante meses no hay respuestas claras para los inhabilitados y cada vez se descubren nuevos casos.

A fines del 2014, gracias a la intervención de la Unidad de Educación del Instituto Nacional de Derechos Humanos, Conicyt entregó un documento oficial con las cifras de los afectados y potenciales inhabilitados. El informe señaló que eran 1.404 estudiantes en retraso, y cerca de 100 de ellos habían sido notificados en situación de inhabilitación y/o cobro de la beca.

Se abre el diálogo

Julio Aguilar, Priscila Cisternas y Leonello Bazurro, inhabilitados que han estado a la cabeza de la organización,  reconocen que con María Elena Boisier como presidenta subrogante comenzó un periodo de diálogo más abierto. Gracias a la presión de las organizaciones y el apoyo de autoridades académicas y algunos parlamentarios, la institución decide suspender la resolución del cobro y la contratación de la empresa de cobranza, no así las inhabilitaciones. El grupo “Inhabilitados por Conicyt” suma fuerzas y hace una entrega colectiva de una carta a la Presidenta Bachelet, firmada por miles de personas, académicos, autoridades, estudiantes y organizaciones.  Se redacta, además, una propuesta para modificar el decreto que mantenía a los ex becarios en situación de inhabilitación y sujetos a cobros.

Durante la primera semana de octubre del 2015, y con Francisco Brieva como Presidente, el grupo de los “inhabilitados”, junto al delegado de postgrado Pablo Contreras y  la presidenta de la FECH de ese entonces (Valentina Saavedra), se reúnen con el Fiscal de Conicyt y  el director de becas, entre otros representantes de la institución, para discutir los alcances y términos específicos del decreto. Las noticias no son buenas. Sin embargo, desde la organización ven como una señal de avance el gesto de reunirse y transparentar el procedimiento.

La aprobación de Contraloría que permitiría la modificación del decreto tardó. Finalmente, el decreto Nº 335 que establece las condiciones y criterios para las becas de postgrado, es modificado y se amplían los plazos para la entrega de grados, pero no retroactivamente. Es decir, el problema de los inhabilitados sigue igual.

La razón por la que el trámite había demorado en Contraloría, era precisamente por la retroactividad. El organismo argumentó que una medida así debe ser aprobada mediante una ley en el Parlamento. Es decir, la última chance que tenían los inhabilitados era introducir una modificación vía Ley de Presupuesto, que debía discutirse por esos días, que incluyera una glosa que hiciera retroactivo el decreto y permitiera que sus condiciones se aplicaran a los concursos de los años anteriores.  Si bien la meta estaba clara, la estrategia aún no estaba definida y el tiempo apremiaba.

Alfonso Pizarro, delegado de Postgrado FECH, y quien trabajó con los inhabilitados organizados en esta crucial etapa, cuenta como se llevó a cabo este proceso.

-¿Cuándo empezó a tener resultado el trabajo que habían venido realizando para dar solución a este problema?
-Una vez que el Estado y las autoridades reconocen quiénes son los actores legítimos y los mismos afectados son quienes plantean las soluciones, es posible avanzar. Nosotros reconocemos que Conicyt empezó a dialogar para solucionar el problema, nos escucharon, nos llamábamos por teléfono, wasapeábamos, mandábamos nuestros argumentos, teníamos reuniones con  los asesores jurídicos, con los fiscales de Conicyt, fuimos a exponer para la comisión de Ciencia y Tecnología. Se asumió que esto era necesario, que era ridículo que el Estado invirtiera plata para formar capital humano avanzado, que la gente  termine de estudiar y, después, se les castigue. No solo le piden la plata de vuelta, sino que los matan laboral y académicamente, ya que el 95 % de la investigación está financiada por Conicyt. La gente del gobierno entendió que solo dialogando con los actores sociales relevantes uno puede avanzar, y que esto no solo es legítimo sino eficiente.

-Cuando estalló el problema el 2013 había un hermetismo absoluto. Las autoridades académicas mandaron cartas que ni siquiera fueron respondidas.
-No se escucha a los académicos, pero no solo a ellos, no se escucha a la sociedad civil entera.

-Pero son los intelectuales…
-Tener la razón nunca ha bastado, lo que necesitas es organización social de base, con prácticas democráticas. No basta con mandar cartas y tener la razón, y eso es lo potente de esta experiencia, que permite que haya una organización con la misma gente afectada, que es capaz de recibir apoyo de las autoridades, mancomunarse, interactuar, hablar con diputaciones. La academia en Chile está destrozada por razones que todos conocemos, no es solo por la dictadura; en los 90 hubo una desarticulación de la sociedad civil y los académicos son uno más ahí.

La “Ley que regulariza beneficios de estudiantes, sostenedores y trabajadores de la educación”, que daría solución al conflicto de los  inhablitados por Conicyt,  tardó un poco más de un mes en ser aprobada, desde que se ingresó el proyecto el 22 de diciembre del 2015. Tras pasar por todas las instancias y trámites legislativos de rigor, fue aprobada este miércoles 27 de enero, sin modificaciones.

Respecto al procedimiento administrativo que faltaría para cerrar el tormentoso episodio, Conicyt informó este miércoles a través de su sitio web que “una vez que la Ley entre en vigencia, los becarios en incumplimiento podrán concurrir a las oficinas de Conicyt o acceder a la plataforma dispuesta en el sitio web de Conicyt para presentar la documentación necesaria que permita normalizar su situación”.

En un comunicado oficial emitido por la FECH, Leonello Bazzurro, vocero de los Inhabilitados por Conicyt, señaló: “Cuesta creer que la pesadilla se está acabando, fueron más de dos años los que tuvimos que pelear. Conocimos las cloacas del Estado y nos dimos de cabeza contra el absurdo institucional. Pero gracias a una fiera y persistente organización podemos decir que ¡Inhabilitados por Conicyt va camino a desaparecer!”.

Fuente: El Mostrador, 4 de febrero de 2016