Ciencia, institucionalidad y “desarrollos”

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La actual crisis de la ciencia chilena, de la cual mucho se ha escrito, ha logrado una cobertura sin precedentes en las últimas semanas. La reacción del gobierno ha sido indudablemente decepcionante. El presupuesto de Conicyt no se vio incrementado, se confirmó el lamentable escenario para los investigadores jóvenes –tras oficializarse la tasa de adjudicación más baja de los últimos nueve años en el programa Fondecyt de Iniciación– e incluso se denunciaron problemas asociados al traspaso de la Iniciativa Milenio a Conicyt, solo por mencionar algunos puntos.

La postura del gobierno en la discusión presupuestaria terminó por sepultar cualquier posibilidad de avanzar en resolver la presente crisis, y configuró el peor escenario que podría vivir la ciencia chilena en años. Cuesta ahora no recordar el otro momento crítico que vivió la ciencia durante el primer gobierno de Michelle Bachelet, aunque en aquella ocasión sí se observó un punto de inflexión luego de la protesta frente al edificio de Conicyt el año 2007.

Tras el interés mediático, no son pocos los que han comenzado a criticar, con mayor o menor grado de acierto, tanto la actual crisis como las propuestas para resolverla. Aunque es imposible abordar todas las críticas, es necesario referirse a estas alturas a dos puntos cruciales en la discusión.

El primero, y tal vez el más preocupante, es el simplismo con el que a veces se abordan las propuestas que ciertas organizaciones han levantado en torno a la ciencia, en particular aquellas relativas a la creación de una institucionalidad de rango ministerial. Las distorsiones van desde afirmar que quienes defienden la creación de un ministerio “solo quieren más plata” o “creen que el ministerio lo resuelve todo”, hasta quienes aseguran que dicho ministerio estaría preocupado solamente de la dimensión económica de la ciencia.

Una reciente columna publicada en este medio abordó este último punto, afirmando que un Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación sería inconveniente, pues conlleva el riesgo de excluir la dimensión cultural de la ciencia. Entre los argumentos presentados, se encuentra el supuesto sesgo en la composición de organizaciones que defienden una propuesta de institucionalidad que es la que hoy reúne más consenso. En dicha mirada, el excesivo número de científicos del área de las ciencias naturales y exactas –lo que puede simplemente reflejar el hecho de que existen más investigadores en estas áreas en Chile– cargaría la discusión hacia la dimensión “productiva” de la ciencia.

Al respecto, corresponden algunas aclaraciones. En primer lugar, una ciencia preocupada del desarrollo cultural no es hegemonía ni propiedad de las ciencias sociales, artísticas y humanidades. El conocimiento derivado de las ciencias naturales y exactas ha revolucionado nuestra forma de ver y entender el mundo, y ha ejercido una influencia cultural innegable. De igual manera, no existe razón para pensar que las ciencias sociales y las humanidades solo pueden contribuir al progreso cultural del país.

Es por ello que es criticable sugerir la existencia de una mirada que “representa una perspectiva que entiende a la ciencia en el marco del desarrollo económico” sobre la base de una “abrumadora hegemonía de las ciencias exactas, del área de las ingenierías y las ciencias biomédicas dentro de los movimientos científicos levantando la discusión”. En última instancia, es una afirmación injusta y una simplificación del trabajo de organizaciones y personas que vienen “levantando” la discusión.

De hecho, somos muchos los que hemos puesto continuo énfasis en que se requiere una política científica que promueva un desarrollo científico más allá de las necesidades productivas, con relevancia social, cultural y política. Es por ello que es también errado atribuir a la propuesta de un ministerio para la ciencia una supuesta “mirada particular y limitada de lo que se entiende por Ciencia”, ni menos una intencionalidad para orientar la investigación científica hacia su dimensión económica.

Por otro lado, la ciencia no debe estar limitada únicamente al servicio del desarrollo económico o cultural, ni el desarrollo mismo (ya sea cultural, social o económico) se construye únicamente con el aporte de la ciencia. Sin embargo, como bien apuntan algunos, una “sociedad del conocimiento” acepta y busca activamente la contribución de la ciencia.

Los desafíos que enfrentará el país serán complejos y requerirán el aporte de diversas disciplinas, por lo que la elección de winners, que tanto sentido tiene para algunos en el contexto de las políticas industriales, no posee el mismo grado de validez en el caso de la ciencia. El afán de supeditar el financiamiento científico a criterios de utilidad –sea quien sea el beneficiario–, en la práctica entra en conflicto con la naturaleza compleja de los problemas que enfrenta la sociedad en sus múltiples niveles y con la necesidad de una sociedad con herramientas –información– para enfrentar no solo los desafíos existentes sino también las incertidumbres –“la sociedad de la ignorancia”–. Por ende, no se trata aquí de elegir entre una u otra relevancia de la ciencia.

Lo anterior obliga también a reflexionar sobre cómo debe relacionarse la ciencia con otras dimensiones del progreso del país. La ciencia es importante a nivel económico, tanto como lo es a nivel cultural y político. La creación de una institucionalidad para la ciencia del mismo rango que la existente en estos campos facilitaría el diálogo horizontal con las carteras ministeriales respectivas –algo que no ocurre con la actual institucionalidad, tal como lo dejó en claro Francisco Brieva tras su renuncia, al analizar su “llegada” al mundo político–, y por ende la construcción de políticas públicas que involucren estas múltiples dimensiones de la ciencia.

Es por ello que la creación de un ministerio para la ciencia no solo no limita el aporte de la investigación científica, sino que en última instancia podría facilitar la generación de instancias en donde estos diversos mundos confluyan.

En lo inmediato, la dicotomía entre desarrollo económico o cultural no depende de la institucionalidad científica. Avanzar en una nueva institucionalidad implica dotar al país de una estructura que, entre otras cosas, facilite la generación de una nueva política científica, puesto que sin una nueva institucionalidad, los esfuerzos en esta dirección serán infructuosos. Pero en última instancia, saldremos fortalecidos de un debate con altura de miras. Atribuir a otros visiones o miradas supuestamente “limitadas”, no se condice ni con la realidad del trabajo de quienes vienen impulsando estos temas, ni con el sentido de urgencia que amerita la actual y grave crisis que enfrenta la ciencia chilena.

Fuente: El Mostrador

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